El apagón analógico

Javier Corral Jurado | 2013-06-01 | 20:19

Si la condonación de adeudos fiscales por cerca de tres mil millones de pesos a Televisa de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto mostró la vigencia de la colusión de intereses entre la empresa de Emilio Azcárraga y el presidente de México, la suspensión del apagón de la TV analógica en Tijuana advierte con toda claridad que en esa componenda, Televisa se impondrá de nueva cuenta sobre el gobierno en la toma de decisiones que pretendan afectar mínimamente sus intereses.

 A Peña Nieto no le duró ni 24 horas el discurso que pronunció ante los miembros de la CANIETI en el que aseguró que el programa de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) continuaría su curso y que, para atender “algunas” inconformidades de ciudadanos instalaría un módulo de recepción de quejas en Tijuana. Los chantajes de sus socios en la hipoteca mercantil que celebraron desde cuando era precandidato presidencial lo hicieron recular. En menos que cantara un gallo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció la doblada del año y dijo que pediría a la Cofetel suspender el apagón analógico en Tijuana, la primera ciudad en nuestro país y en América Latina que iniciaría tal proceso de convergencia tecnológica.

 Liquidada por si misma desde hace tiempo en el ejercicio de sus facultades regulatorias, y confirmando el acierto que constituye su pronta renovación y autonomía constitucional, la Comisión Federal de Telecomunicaciones obsequió de inmediato la petición y volvió a subir el switch de los 8 canales analógicos que operan en aquella ciudad fronteriza en la banda de los 700 Mhz. Lo hizo mediante una discutible figura de “frecuencia complementaria”, toda vez que al haber ejecutado el rescate del espectro el 28 de mayo pasado, esos 48 Mhz pasaron a dominio directo del Estado, esto es, dominio no concesionado. ¿Se los prestaron por un ratito más? ¿Se los adjudicaron mediante asignación directa? Ambos posibilidades constituirían una violación constitucional y legal.

 Lo cierto es que la primera batalla en el proceso de ejecución de la transición digital está perdida. La gran incógnita es si México perderá totalmente el combate contra el monopolio de la televisión y las políticas públicas de competencia, transición digital y convergencia se aplazarán hasta que  el dueño de Televisa lo disponga. Todo parece indicar que así será y alargaran –lo más que puedan– mantener el espectro ocupado en las dos bandas, para servicio analógico y digital.

 Acostumbrados los mexicanos al incumplimiento en el inicio de obras públicas o programas sociales, relativizado el tiempo oficial al “no pasa nada”, a varias personas les parecerá algo no tan grave posponer una medida cuarenta días. En efecto, quizá eso no sea lo relevante. Lo significativo es el criterio aplicado a la posposición, estrictamente de carácter electoral y con el pretexto de la equidad de la contienda electoral, pues como Tijuana renovará ayuntamiento y diputados locales el próximo 7 de julio, las televisoras han salido presurosas a defender “el derecho de las audiencias” a recibir los mensajes de los candidatos, afectado según ellos, por  el “fracaso” de la Cofetel en la entrega de decodificadores a la población, unas cajitas que se conectan al aparato receptor de televisión abierta y permite ver la señal digital en los mismos televisores que ahora tenemos.

 Armaron un cuento como los que acostumbran y magnificaron de tal manera una pequeña protesta de usuarios de TV abierta en la Presidencia Municipal de Tijuana – a donde los condujeron desde sus pantallas como si fuera la autoridad responsable del apagón–, y presentaron al país en profusa cobertura nacional en sus noticieros “la crisis del apagón analógico”. Rasgadas todas las vestiduras por el derecho a la información vulnerado, de inmediato se alzaron las exigencias para detener tal atentado.

 En contraste con la embustera campaña, la realidad aporta otros datos y queda demostrado que el supuesto fracaso lo representa sólo un 7 por ciento de TV hogares que aún no tienen decodificador. La Cofetel logró una cobertura del 93.1 por ciento de los TV hogares bajo el programa –destinado a los de escasos recursos–, por encima de la meta que se había fijado del 90 por ciento, e incluso del promedio internacional, con base en la experiencia llevada a cabo en otros países.

 En el programa se levantaron cédulas en cada uno de los hogares visitados, los cuales sirvieron como base para establecer los cálculos de penetración en Tijuana. Según el INEGI en esa ciudad fronteriza existen 428 mil 759 hogares. De esos, 402 mil 554 (94 por ciento) tienen televisión de paga o abierta. El apoyo se circunscribió a los hogares objetivo que dependen de la televisión abierta (51.4 por ciento de los hogares de Tijuana, pues 48.6 por ciento cuenta con servicio de televisión de paga, ya sea cable o satelital y ya recibía la TDT). Con esta información, en abril de 2013, el Pleno de Cofetel determinó que el “apagón analógico¨ en Tijuana debía ocurrir el 28 de mayo. Era el inicio del proceso de apagón en todo el país y de la concreción de una política pública fundamental para la competencia futura en telecomunicaciones y televisión: la transición a la Televisión Digital Terrestre.

 Esta política busca optimizar el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, pues con la tecnología analógica únicamente se tenía la capacidad técnica de transmitir un canal de televisión, por cada canal radioeléctrico, en tanto, con la TDT se tiene la capacidad de transmitir al mismo tiempo varios canales de televisión en el mismo canal radioeléctrico; también favorecer el desarrollo de nuevos servicios que resulten de la convergencia con las telecomunicaciones y fortalecer el desarrollo de la convergencia en beneficio de la sociedad.

 Las televisoras en nuestro país siempre la han resistido, tanto por los recursos que tuvieron que destinar a la reconversión de sus equipos, como por el amplio espectro que se libera para una mayor competencia, derivado de lo que se le denomina

“el dividendo digital”. Ni más ni menos ahí se inscribe la posibilidad de licitar dos nuevas cadenas de televisión con cobertura en todo el territorio nacional.

 En la reciente reforma constitucional de las telecomunicaciones varios temas están ligados a esta política digital. El primero de ellos se contiene en el artículo quinto transitorio, párrafo tercero al ordenar que, “La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz”.

Además, la reforma introdujo un tema fundamental para el mejor aprovechamiento del espectro y evitar nuevos fenómenos de concentración a partir del fenómeno digital. Se limitó la multiprogramación y se obliga al pago de contraprestaciones por cada canal adicional. Es la fracción VIII, del artículo tercero transitorio: “Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas”.

Todo esto enmarca y revela el verdadero propósito de seguir posponiendo la transición digital, que ya de por sí presenta un retraso de casi tres años, pues desde distintos frentes las televisoras han propiciado acciones para evitar que las distintas etapas previstas en el  “Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico” entren en vigor, ya sea por la vía de amparos, o a través de sus personeros en las cámaras del Congreso quienes han promovido controversias en la SCJN para atajar el adelanto del apagón que en 2010 decretó Felipe Calderón para el 2015, reduciendo seis años de lo previsto en el primer acuerdo que emitió Vicente Fox en julio de 2004, pues les había regalado el mantenimiento de los dos sistemas hasta el 2021. 

 En su más reciente y ganadora batalla en contra del inicio del apagón analógico, las televisoras han contado con la vergonzosa colaboración del Comité de Radio y Televisión del IFE, integrado por los consejeros Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Benito Nacif. El papel jugado por ese comité en este cuento, es otro de los dobleces más reveladores que han llevado a cabo las autoridades. De una hipocresía política difícil de superar.

 El mismo martes 28 de mayo, cuando se realizaba el apagón analógico en Tijuana, esos mismos consejeros que conforman el CRTV del IFE votaban a favor de exentar a las televisoras de la obligación de bloquear sus señales nacionales para la difusión de promocionales locales de candidatos y partidos en cada una de sus repetidoras en las diferentes entidades federativas que tendrán también elecciones el próximo 7 de julio. Bajo ridículos pretextos el IFE ha avalado “la imposibilidad técnica” de esos bloqueos, práctica que las televisoras realizan en el plano comercial, lo vemos todos los días y ellos mismos lo promocionan en su página de internet, en el capítulo de ventas, como  “Bloqueos: consiste en la inserción de un spot local comercial en sustitución de los espacios disponibles en los promocionales de Televisa. Los bloqueos tienen una duración de 20” y su disponibilidad depende directamente de la venta nacional”.

En contraste con el desprecio que le merecen las audiencias en esas 14 entidades federativas, el CRTV del IFE se mostró presuroso y diligente para atender al 7 por ciento de la audiencia en Tijuana. No había llegado formalmente el oficio de solicitud de colaboración de la autoridad electoral de Baja California, cuando ese comité se había reunido de manera extraordinaria y había aprobado un acuerdo que carece de toda seriedad argumentativa y sustento.

 Sustentado únicamente en los elementos contenidos en la solicitud del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, que a su vez se basaba “en la información difundida en diversos medios de comunicación locales”, en los que “se ha cuestionado el alcance que ha tenido la implementación de la tecnología”, sin hacer ningún tipo de requerimiento a la Cofetel de información adicional que permitiera determinar una posible afectación a los derechos tanto de los partidos políticos y las autoridades electorales, como de la ciudadanía, en su caso, el CRTV del IFE acordó solicitar el apoyo y colaboración al Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que se restablezca la transmisión analógica de las señales de televisión abierta en el Municipio de Tijuana, Baja California, hasta la conclusión de la jornada electoral del día 7 de julio de 2013.

 No les importó la trascendencia de la política de transición a la TDT, ni los esfuerzos legislativos para garantizar tanto la recuperación del espectro radioeléctrico, como su aprovechamiento eficiente y convergente, y la competencia en los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones. Sin contar con la información de la cobertura real en la entrega de decodificadores, se apresuraron a solicitar la postergación del apagón. Fueron el mejor ariete; ¡por supuesto salieron en la televisión! Invitadas de manera especial, casi exclusiva, las televisoras brindaron cobertura especial a ese sesión extra-urgente del comité de radio y tv del IFE en su lucha por el derecho a la información. Felicidades.

 http://diario.mx/Opinion/2013-06-01_e8296ff0/el-apagon-analogico/